miércoles, 8 de abril de 2015

[PRENSA] "Birri cuestionó la ineficacia de la Provincia en la lucha contra el Dengue"

"El legislador Birri cuestionó al gobierno provincial por no haber puesto en marcha oportunamente el plan director de lucha contra el dengue, aprobado por ley en el año 2009"

El Legislador socialista Roberto Birri presentó un proyecto de Resolución en la Legislatura de Córdoba para obtener información oficial y cuestionó al Poder Ejecutivo Provincial por no haber implementado oportunamente las acciones previstas en el Plan Director de Lucha Contra el Dengue, aprobado por ley en el año 2009.


Birri manifestó que “en los últimos días se ha acentuado la preocupación por la aparición en Córdoba ciudad, y en algunos otros puntos de la provincia de un significativo número de casos de Dengue, por lo que aparece como necesario evaluar y revisar las acciones y estrategias definidas en el Plan Director de Lucha Contra el Dengue, ya que tenemos la información de que no se han implementado tal como estaban previstas desde el año 2009 y ello puede haber sido un factor que ha colaborado con el surgimiento de este nuevo brote de dengue.” 

Nuestro objetivo no es criticar, sino exigir a la autoridad correspondiente para que implemente las acciones correctivas que puedan considerarse menester, con el objetivo de evitar la posibilidad de que estas enfermedades se establezcan como endémicas en nuestra provincia” finalizó Birri.

jueves, 26 de marzo de 2015

[OPINIÓN] "El derecho de los presos a cobrar por su trabajo"

De ninguna manera el Estado se puede beneficiar abonando un salario menor a un trabajador por el hecho de estar este privado de la libertad.


El trabajo de los penados en las cárceles argentinas y el derecho a percibir un salario por ese trabajo ha generado una singular polémica por estos días. La noticia acerca de un recluso que trabajaba en un taller del penal de Ezeiza –y que se consideró despedido al ser trasladado a otro, por lo que ahora reclama indemnización– ha provocado reacciones de un lado y del otro de la academia y de la opinión pública. Comparto que resulta enriquecedor el debate y la discusión sobre la cosa pública; pero no lo es cuando el debate se bastardea y sólo aporta a la confusión. Digo esto porque la noticia generó opiniones descalificadoras, improvisadas en muchos casos, en particular en algunos medios de comunicación, así como comparaciones injustas y con un marcado sesgo discriminador. Corresponde destacar que la finalidad de resocialización del sujeto privado de su libertad exige que el trato que se le dispense respete –con excepción de aquellos que se ven limitados por la aplicación de la pena de prisión– todos los derechos inherentes al ser humano. 

Cuestión de justicia 

Más allá de su posterior recepción en los tratados internacionales de derechos humanos, esto fue reconocido desde un primer momento en el artículo 18 de la Constitución Nacional, según el cual “... las cárceles serán sanas y limpias para resguardo y no para castigo de los detenidos en ellas...”. No admite discusión alguna que el trabajo constituye uno de los pilares para disminuir el estado de vulnerabilidad del condenado, de modo que, una vez recuperada la libertad, esa capacitación laboral le permita hacerse de medios de subsistencia adecuados. Hay que señalar que lo que el interno recibe por su trabajo no se trata de una bonificación, un premio o pago estímulo. No me estoy refiriendo a aquellas tareas de mero orden interno, sino a una jornada laboral caracterizada por la ley de contrato de trabajo. Sobre ese punto ya se pronunció la jurisprudencia en un reciente fallo dictado por la Cámara Federal de Casación Penal en un habeas corpus colectivo, diciendo que el trabajo del preso no es una concesión graciable sino un derecho y, como tal, goza de protección constitucional y le asegura condiciones dignas y equitativas de labor. La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que “la dignidad humana implica que las personas penalmente condenadas son titulares de todos los derechos constitucionales, salvo las libertades que hayan sido constitucionalmente restringidas...”. En un sentido similar se encuentran las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (adoptadas por las Naciones Unidas en 1955) que se han convertido –por vía del artículo 18 de la Constitución Nacional– en el estándar internacional mínimo a observar respecto de las personas privadas de su libertad: “El trabajo penitenciario no deberá tener carácter aflictivo... Se proporcionará a los reclusos un trabajo productivo, suficiente para ocuparlos durante la duración normal de una jornada de trabajo...”. “La organización y los métodos de trabajo penitenciario deberán asemejarse lo más posible a los que se aplican a un trabajo similar fuera del establecimiento...”. “En los establecimientos penitenciarios se tomarán las mismas precauciones prescriptas para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores libres”. “Se tomarán disposiciones para indemnizar a los reclusos por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales...”. “Se tendrá debidamente en cuenta, desde el principio del cumplimiento de la condena, el porvenir del recluso después de su liberación”. “Al acusado deberá siempre ofrecérsele la posibilidad de trabajar, pero no se le requerirá a ello. Si trabaja, se le deberá remunerar...”. Además, existen las leyes de ejecución penal –tanto de la Nación como de la provincia de Córdoba– que disponen que “el trabajo constituye un derecho y un deber del interno. Es una de las bases del tratamiento y tiene positiva incidencia en su formación”. 

Limitaciones y problemas 

Despejado, a mi juicio, el debate sobre si el trabajo del penado debe o no ser remunerado, lo que hoy es motivo de discusión es si debe percibir por su labor lo mismo que un trabajador que goza de su libertad, o lo dispuesto por la ley provincial 8.812, que fija el trabajo de los internos en las tres cuartas partes del salario mínimo vital y móvil. Entiendo que la limitación salarial se contrapone con los parámetros legales que he mencionado, a la vez que afecta el principio de igualdad ante la ley, toda vez que no existe justificación razonable alguna para que un trabajador que cumple condena reciba un trato distinto al resto de los trabajadores. De ninguna manera el Estado se puede beneficiar abonando un salario menor a un trabajador por el hecho de estar este privado de la libertad. Dicha discriminación injustificada no hace más que violar los artículos 14, 14 bis y 16 de la Constitución Nacional y también de las convenciones internacionales sobre derechos humanos. Otro tema –que excede el alcance de este artículo– es si resulta irritativo o injusto que cuando cientos de miles de ciudadanos se encuentran desempleados o trabajan en negro, aquellos que cumplen condena por infringir las leyes del Estado gocen de mejores condiciones laborables. No es equiparable la situación. No será privando de derechos a unos como se garantizarán los derechos de quienes no los gozan. En tal caso, vale señalar que ocho de cada 10 presos no acceden a los derechos consagrados en el artículo 14 bis constitucional y que –como bien lo señala el juez Alejandro Slokar en el fallo de la Cámara Nacional antes citada– “no puede ser ajeno a la cuestión laboral carcelaria que enfrentar las inseguridades es combatir a la par la inseguridad civil y la social y que en gran medida, sólo se podrá neutralizar el aumento de la inseguridad social si se le da, o no, seguridad al trabajo”. 

*Abogado, legislador provincial por el Partido Socialista

Publicado en LA VOZ

miércoles, 25 de marzo de 2015

[PRENSA] Birri propone declarar al predio de la cárcel de San Martin como sitio de la memoria

El Legislador socialista Roberto Birri, presentará esta semana un proyecto de Ley para declarar “sitio de la Memoria del terrorismo de Estado al predio de la cárcel San Martín, Ex Unidad penitenciaria N° 1 de la ciudad de Córdoba.”


Además, el proyecto prevé que el Poder Ejecutivo deberá abstenerse de realizar cualquier acción que modifique, o lleve adelante cualquier forma de intervención que altere lo edificado en la superficie ocupada por el predio. En parte de los fundamentos, Birri expresó que “en estos días, el Poder Ejecutivo ha decidido trasladar los internos de la Unidad Penitenciaria de barrio San Martín de Córdoba a la cárcel de Bouwer, ya que el edificio resulta obsoleto. Ante esta situación, es necesario, como lo establece la ley 9.286, y, en el marco de los juicios a genocidas por delitos de lesa humanidad, preservar las instalaciones edilicias, que funcionaron como centro clandestinos de detención o hubieren sido utilizadas por el terrorismo de estado que la UP1 ya figuraba en el “Nunca Más” como centro clandestino de detención.” 

Agregó que “el proyecto de Declaración que se presenta ante esta circunstancia, reconoce como argumentos a: aquellos que apuntan a la defensa irrestricta de los Derechos Humanos y a la preservación de espacios de memoria vinculados con el ejercicio del terrorismo de estado en la provincia de Córdoba, que habiliten al conjunto de la ciudadanía a participar del derecho de ejercicio de memoria, verdad y justicia”.

viernes, 20 de marzo de 2015

[PRENSA] Birri solicita audiencia al jefe de la Policía Caminera

El legislador socialista Roberto Birri pedirá en audiencia al Jefe de la Policía Caminera, el cierre definitivo del puesto de control ubicado en proximidad de la localidad de Holmberg por considerarlo peligroso e ilegal.


“El puesto de control en cuestión se encuentra en una zona de curvas, situación totalmente irregular y que afecta además, la seguridad de los conductores”, manifestó el legislador. 

“Es necesario reubicar ese puesto de control en un lugar necesario y que cumpla con las normas vigentes, como por ejemplo en la traza de la ruta A005 en Río Cuarto”, afirmó. 

Birri expresó además que, “es lamentable que a casi dos años del trágico suceso en el que una joven perdiera la vida en ese lugar, todavía no haya una solución definitiva por parte de la fuerza”.

miércoles, 18 de marzo de 2015

POR INICIATIVA DEL LEGISLADOR BIRRI SE UTILIZARÍA EL VOTO ELECTRÓNICO EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES PROVINCIALES.-

La legislatura puso en marcha la Comisión de Reforma Política.

El Legislador riocuartense Roberto Birri informó que la Unicameral puso en marcha la Comisión de Reforma Política que tendrá a su cargo producir modificaciones a la ley electoral con vistas a las próximas elecciones provinciales del año 2015 donde se elegirá Gobernador y vice y Legisladores Provinciales, entre otros cargos.

En ese sentido Birri promovió avanzar en la implementación del voto electrónico que en el año 2011 solo se utilizó en la ciudad de La Falda, a cuyo fin propuso que se incorpore a la ciudad de Río Cuarto dentro de los lugares donde se realizarán las experiencias pilotos de voto electrónico. La propuesta fue bien recibida por los restantes bloques por lo que es altamente probable que la capital alterna de la Provincia incorpore este sistema de votación.

Asimismo Birri propuso que se dicte una ley fijando una fecha fija para las elecciones provinciales que brinde certeza electoral e impida las especulaciones que actualmente tienen como protagonista al gobernador De la Sota y que se reglamente las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatoria, (PASO) ya sea para este proceso electoral o para el próximo.