El primer análisis que podemos hacer sobre estas leyes presentadas por el Poder Ejecutivo, es que detrás de un objetivo loable y que compartimos como es combatir la trata de personas y el narcotráfico, se esconde el fracaso de las políticas de seguridad en relación a estos delitos y un alto grado de improvisación de un gobierno al que solo le preocupan los titulares de los medios de comunicación.
El gobierno ha sido ineficaz en las políticas vinculadas a la prevención y represión del narcotráfico, por un lado por la escasez presupuestaria destinada a estas políticas y por otro por las dificultades estructurales de la policía -lo que incluye casos de corrupción en la propia fuerza- y de la justicia provincial que no tiene hoy ni recursos ni capacitación suficiente para enfrentar causas en una materia que le resulta ajena.
De lo que debió ocuparse que es de la prevención, asistencia y reducción de daños, de las causas que suelen conducir al consumo, al abuso de drogas ilegales y luego la comercialización por parte de sectores vulnerables, en especial los jóvenes, no ha habido casi iniciativas. Más de cien mil jóvenes y adolescentes no estudian ni trabajan y tienen una pésima utilización de su tiempo de ocio, lo que abre las puertas para las adicciones y el delito, y la provincia no ha tenido políticas de inclusión para ellos.
Respecto a la clausura de los cabarets, es una medida improvisada e insuficiente, que no ataca la cuestión de fondo. Si lo que se pretende es combatir la trata en las whiskerías y perseguir a los proxenetas, no vemos motivos por los cuales no se lo ha hecho eficazmente hasta ahora, ya que debió encararse a través de una profunda investigación en estos lugares, que incluya inteligencia criminal, allanamientos y todas las herramientas con las que cuentan las fuerzas de seguridad.
La iniciativa debe tomar en cuenta, también, la situación de miles de trabajadoras sexuales que de un día para otro van a quedar en la calle, lo que sin dudas va a aumentar el nivel de clandestinidad, al criminalizar el trabajo sexual. Y es un acto de gran hipocresía del gobierno, ya que es vox populi que la propia policía viene agrediendo a las trabajadoras sexuales que realizan su trabajo por cuenta propia en la vía pública, en clara connivencia con la mafia que maneja la prostitución en Córdoba.
Finalmente instamos a las autoridades policiales y judiciales a cesar en la persecución penal a los usuarios de drogas, en función del fallo de la Corte Suprema que despenaliza la tenencia para consumo personal, y dedicar todos los esfuerzos a perseguir a los narcotraficantes.
