jueves, 20 de marzo de 2014

LA HUELGA: DE LA SOCIEDAD TIPOGRAFICA A DE LA SOTA*.

Han venido tiempos de huelgas. A 138 años de la primera huelga nacional, la de la sociedad tipográfica bonaerense allá por 1876, y por una serie de factores, la sociedad sufre una desacostumbrada cantidad de medidas de fuerzas,que se expresan en particular en el ámbito estatal y en los servicios públicos.
Claro está que ello provoca incomodidades de variada gravedad, pero tales alteraciones no deben llevarnos a olvidar que la huelga es una expresión de la libertad sindical y esta, un derecho fundamental de los trabajadores.
Al mismo tiempo, este derecho le es reconocido a un sector de la sociedad y como todo derecho tiene sus límites, que son impuestos ante la necesidad de proteger el ejercicio de los derechos del resto de la sociedad.
Días atrás, con la autoría intelectual del Gobernador y el brazo ejecutor de tres legisladores, Unión por Córdoba ingresó a la Legislatura de la Provincia un proyecto de Ley limitando el derecho de huelga de los trabajadores públicos y de empresas privadas en el ámbito provincial, con el pretendido objetivo de garantizar la prestación de los servicios esenciales durante los conflictos laborales.
La iniciativa movilizó en defensa propia al aparato gremial y concitó un nutrido rechazo de parte de académicos,  abogados laboralistas y legisladores, incluso del propio oficialismo,al punto tal que los autores debieron solicitar que el proyecto sea retirado de los asuntos entrados de la Legislatura.
Adelanto opinión que me anoto entre quienes entienden que el derecho de huelga ya está reglamentado y que no requiere avanzar en más restricciones y que considero posible armonizar el ejercicio del mismo con el interés del usuario y de toda la comunidad cuando se trata de garantizar los servicios esenciales para toda la población. Pero al mismo tiempo, entiendo que no es una cuestión inmaculada que no puede debatirse ni ponerse en la agenda pública.
Ahora bien, y ya en el terreno político ¿Que motivó al Gobernador presentar un proyecto polémico a sabiendas de la alta improbabilidad de llegar a ser siquiera tratado en el recinto Legislativo?
Desde mi punto de vista, encuentro una sola explicación: dar un golpe de efecto mediático, construir un relato dirigido a una ciudadanía agotada por los inconvenientes que a menudo debe sortear para acceder a los servicios públicos más importantes.
Un relato dirigido primero a los cordobeses que están reclamando que el Gobernador vuelva a pensar en la Provincia y segundo a potenciar su sueño de convertirse en un dirigente con proyección nacional.
Digoesto, porque lo hace declarando un objetivo que por supuesto todos compartimos: en los “servicios esenciales”, los que la Organización Internacional del Trabajo define como “aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población”, cuando hay una huelga, “se deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción” como ya lo establece la legislación nacional.
Es decir, ya existe una Ley Nacional, que limita el derecho de huelga, estableciendo que en los servicios esenciales, a los que describe, debe garantizarse un mínimo de actividad para evitar su paralización. Pero aquí también De la Sota pretendía ir más allá, intentando clasificar bajo el concepto de servicios esenciales a determinados servicios públicos, hoy no clasificados como tales, y que tampoco lo pueden ser por decisión de la Provincia, porque la limitación del derecho de huelga y la definición de servicios esenciales, corresponde a la Nación y no a las provincias.
Recordemos que este derecho es uno de los medios legítimos fundamentales de que disponen los trabajadores y sus organizaciones para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales. Los mayores avances en la conquista de los derechos sociales, se han logrado a través de la organización y de las luchasobreras, para la cual muchas veces ofrendaron su vida.
El Gobernador pretendió optar por el camino más fácil, cargar las culpas  a los trabajadores de los inconvenientes que se presentan cuando hay una huelga, cuando en las escuelas no hay clases, cuando se resiente la atención de la salud en los hospitales, cuando no hay transporte.
Debería reflexionar el Dr. De la Sota sobre el estado calamitoso en que se encuentran la mayoría de los hospitales públicos, la falta de insumos, los aparatos sin mantenimiento, la falta de personal y profesionales; sobre las condiciones en que deben desarrollar su tarea los docentes, no solo con un salario que no alcanza, sino haciendo frente a situaciones extremas, en contextos de violencia, de derechos básicos vulnerados; o las condiciones del transporte de pasajeros, urbano e interurbano o de media distancia, donde los usuarios ven cómo aumentan los costos de los boletos, pero no se controlan los horarios, las frecuencias, el estado de mantenimiento de las unidades o las condiciones de las rutas por las que deben circular.
Considero que este tema sin dudas debe ocupar un lugar en la agenda pública. Debemos animarnos a debatirlo y buscar las mejores alternativas para que se respeten los derechos de los trabajadores y de toda lacomunidad.
Pero esto no puede lograrse enfrentando a los trabajadores con el resto de la sociedad, ni buscando chivos expiatorios para evitar las discusiones de fondo sumándose demagógicamente al humor social que existe en situaciones de conflicto.
*Nota de Opinión.
Por Roberto Birri - Abogado-Legislador Provincial del Partido Socialista.
 
 

 

lunes, 17 de marzo de 2014

TECHO debatirá su Relevamiento de Asentamientos Informales en la Legislatura Provincial, en una actividad co-organizada con el Legislador Provincial Roberto BIRRI.




La organización social TECHO presentará nuevamente los resultados del Relevamiento de Asentamientos Informales en la Legislatura Provincial de Córdoba. Participarán de la instancia legisladores provinciales, representantes de empresas de servicios básicos de Córdoba, vecinos de villas y asentamientos y voluntarios. El Legislador Provincial Roberto Birri introducirá la presentación. Luego de esta, se dará comienzo a un debate sobre las problemáticas que aborda el informe. La cita será en la sala Regino Maders de la Legislatura a las 17:30 horas, el martes 18 de marzo.

Birri destacó el trabajo realizado por la asociación civil a la que valoró por su sensibilidad social, por su compromiso con la solución de los problemas que aquejan a los sectores más vulnerables de la sociedad y por haberse convertido en un extraordinario canal de participación juvenil.

El informe busca elaborar un diagnóstico de la realidad de los asentamientos informales en los territorios relevados y aportar información precisa para todos aquellos que actúan en el ámbito de las políticas públicas del mejoramiento del hábitat, y para ello el panel de debate, tras la presentación del Legislador Birri, estará compuesto por un representante de Aguas Cordobesas, EPEC, Hábitat de la provincia y un vecino del asentamiento Nuevo Progreso, en Argüello.  Desde TECHO buscamos la articulación de todos los actores de la sociedad, desde un joven voluntario hasta un legislador de la Provincia. Estos espacios de debate son fundamentales  para llegar a soluciones  de fondo y para  reflexionar sobre la situación que viven día a día los barrios donde trabajamos. Exigimos que los asentamientos esten en la agenda pública”, dijo Gonzalo Olivares, Director de TECHO en Córdoba.

El Relevamiento de Asentamientos Informales, presentado en noviembre de 2013, comprende la caracterización, georreferenciación y localización de los asentamientos informales de la Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Córdoba, el Gran Rosario, el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, el departamento Capital de la Provincia de Misiones, y parte de la Provincia de Salta (Orán, Rosario de la Frontera, Gran Salta y Tartagal). En los siete territorios relevados donde habita el 63% de la población del país, existen 1.834 asentamientos informales que alojan aproximadamente 532.800 familias, de los cuales más del 50% tiene más de 25 años de antigüedad lo que denota el carácter estructural de la problemática. En la provincia de Córdoba se relevó la existencia de 210 asentamientos informales donde residen aproximadamente 28.600 familias.
  
En la provincia de Córdoba se destaca que en el 48,8% de los asentamientos informales la mayoría de las familias posee una conexión irregular a la energía eléctrica. En el 76,3% del territorio relevado se utiliza como eliminación de excretas el pozo ciego; que solamente el 6,8% de los barrios cuentan con agua corriente de red pública en la mayoría de las viviendas, y que como la gran mayoría de la población residente en la provincia de Córdoba, el 95,2% de los asentamientos informales utiliza garrafa como energía para calefacción y cocina.

En positivo. La mayoría de los asentamientos informales se encuentra a menos de 10 cuadras de los centros educativos de los tres niveles más cercanos y las familias que habitan en el 70% de los asentamientos informales tienen acceso a una plaza o parque a menos de un kilómetro del mismo.

Identidad y organización. En el 35% de los casos relevados existen comisiones de vecinos y casi en la misma proporción, comedores comunitarios. Además, el 56% manifestó que alguna vez se organizó para gestionar una solución con respecto al acceso a los servicios. Esto da cuenta de que pese a vivir en condiciones de precariedad, la participación y el trabajo comunitario de base tienen un valor fundamental para el logro de soluciones definitivas y sustentables.

“La buena noticia es que el problema tiene solución. Argentina tiene una gran oportunidad para que la problemática de acceso justo al suelo y el Hábitat sea tema de la agenda pública y nacional. Esto requiere un esfuerzo social y político importante, pero es posible. Debemos dejar de ver lo que nos diferencia y juntarnos para establecer acuerdos, políticas públicas a largo plazo, que incluya a todos los actores sociales, pero por sobre todo a las voces de aquellos que viven en estos asentamientos”, concluyó Virgilio Gregorini, Director Ejecutivo de TECHO en Argentina.

sábado, 12 de octubre de 2013

LOS RIESGOS DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

El Legislador socialista Roberto Birri expresó su más enérgico repudio al atentado perpetrado contra el Gobernador de Santa Fe Antonio Bonfatti y su familia, al tiempo que aseguró que el gobierno de esa Provincia está en el camino correcto y la comparó con Córdoba.

Birri manifestó que “el ataque mafioso contra la casa del Gobernador de Santa fe, Antonio Bonfatti, es una muestra de los riesgos que la sociedad toda debe afrontar si se decide librar una lucha contra las mafias y el narcotráfico, para lo cual hace falta un grado de unidad muy importante en la dirigencia política en su conjunto”.

Y agregó que “a raíz de la crisis policial en Santa Fe el Gobierno ha profundizado el camino de la investigación de los delitos y de una profunda reforma de la policía, basada en las propuestas del Acuerdo para una Seguridad Democrática, y evidentemente a las mafias esta decisión les está afectando porque hace más de 4 meses que el Ministro de Seguridad y el Juez de la causa se encuentran amenazados, y se ha llegado al extremo de atacar a tiros la vivienda del propio Gobernador de la Provincia”.

“Lamentablemente en Córdoba no está tan claro el compromiso del Gobierno de De La Sota, porque se mantiene un marco de protección a ciertos sectores de la policía que están profundamente sospechados. Aunque sea difícil, lo que debe hacerse es profundizar las líneas de investigación y llegar hasta las últimas consecuencias, como lo está haciendo Santa Fe”. 

Como lo afirmara Alberto Binder en el seminario de seguridad pública que organizáramos a principio de este año, algunos gobiernos, entre ellos el de Córdoba, apostaron 
a la lógica del “doble pacto” entre 
la dirigencia política y la Policía y, a su vez, entre esta y la delincuencia. La resultante ­debía ser que la criminalidad no afectara la gobernabilidad.

“Esta es una gran oportunidad para terminar con este doble pacto que evidentemente solo ha resultado en el aumento del poder de las mafias” finalizó Birri.

martes, 1 de octubre de 2013

Crisis policial en Córdoba y Santa Fe: parecidos y diferencias

En síntesis, la dificultad para gobernar la Policía y las sospechas de connivencia entre sectores de esta y el delito son aspectos de una crisis en materia de seguridad que afecta a todas las provincias.

En el curso del corriente año, dos provincias argentinas 
de similar perfil territorial 
y demográfico estuvieron envueltas en sendas crisis policiales que pusieron en jaque a sus administra­ciones.

Santa Fe y Córdoba vieron cómo integrantes de las fuerzas de seguridad eran investigados por su vinculación con el narcotráfico y por la utilización de mecanismos ilegales en sus procedimientos.

Sin embargo, a similar escenario de partida, se presentaron diferentes soluciones.

Sin respuestas

El gobierno de José Manuel de la Sota lució desde el principio atribulado y sin capacidad de respuestas ante una investigación judicial que se asemeja a una caja de Pandora de donde no dejan de salir malas noticias para una gestión que hizo de las políticas de seguridad un aspecto clave de su gobierno.

Desde la primera reacción con la que se defendió a la Policía de las “calumnias del periodismo”, hasta el retiro del proyecto para modificar la Ley de Seguridad ­Pública, transcurrieron marchas y contramarchas que no parecen tener fin.

Como una muestra de esto, está el momento en que el mismo jefe de Policía, con la mirada complaciente del poder político, utilizó el velatorio de un agente –cuya muerte aún no está clara– para arengar a la tropa en contra de quienes investigan el accionar policial, en un claro acto de provocación y desafío a las autoridades judiciales.

La crisis policial que sacude al gobierno que encabeza José Manuel de la Sota va mucho más allá de la detención de un grupo aislado de narcopolicías.

Se trata del fin de un paradigma que caracterizó las políticas públicas de seguridad en los 14 años de gestión de Unión por Córdoba, consistente en la falta de control político de la seguridad y la transferencia del diseño y la planificación de la seguridad pública y de la conducción policial a favor de la Policía misma.

Mientras en los países del mundo occidental se debate la necesidad de profundizar el control político 
de las fuerzas de seguridad, Córdoba adoptó el ca­mino inverso. Hasta el propio ministro de Seguridad era un hombre de las filas policiales. Es como la legitimación del desgobierno. La confirmación de que el poder está en la Policía.

Como lo afirmara Alberto Binder en el seminario de seguridad pública que organizáramos a principio de este año, algunos gobiernos, entre ellos el de Córdoba, apostaron 
a la lógica del “doble pacto” entre 
la dirigencia política y la Policía y, a su vez, entre esta y la delincuencia. La resultante ­debía ser que la criminalidad no afectara la gobernabilidad.

Una oportunidad

La respuesta del gobierno santafesino encabeza­do por el socialismo fue diferente: superado el impacto inicial y la embestida del Gobierno nacional, la crisis debía ser una oportunidad para lograr una profunda reforma, desde un paradigma de seguridad democrática.

Los policías sospechados fueron separados de inmediato de la fuerza y puestos a disposición de la investigación judicial; se convocó a todas las organizaciones políticas para buscar consensos duraderos en las políticas de lucha contra el narcotráfico; el ministro de Seguridad, que no proviene de las filas policiales, concurrió al Poder Legislativo para dar detalles de las políticas y decisiones de su cartera ante los requerimientos de los representantes del pueblo.

A su vez, y aun con severas dificultades por la resistencia que el cambio genera, está en plena ejecución una reforma de la institución policial y de la ley de seguridad pública de la Provincia, que trans­curre desde la reorganización de la fuerza en unidades más pequeñas que permitan un mayor control político hasta la jerarquización al personal policial, valorando la capacitación dentro de la fuerza mediante ascensos por concurso.

En síntesis, la dificultad para gobernar la Policía y las sospechas de connivencia entre sectores de esta y el delito son aspectos de una crisis en materia de seguridad que afecta a todas las provincias.

La diferencia consiste en si contamos con gobiernos que enfrentan esta crisis con decisión y voluntad de cambio o con gobiernos que parecen cerrar filas junto a los sectores más sospechados de las fuerzas policiales, con alguna que otra iniciativa que sólo maquillan la realidad para que nada cambie.

Como se ve, a escenarios parecidos, las respuestas fueron distintas. Urge que, en lo inmediato, el gobernador De la Sota convoque a todos los sectores a enfrentar a las mafias en Córdoba, estén donde estén, incluso en el propio Estado o en la Policía.

De ser así, lo vamos a acompañar sin ninguna especulación po­lítica, porque está en juego el futuro de la sociedad cordobesa en su conjunto.

*Legislador provincial por el Partido Socialista
Nota publicada en La Voz del Interior el 30/09/2013

miércoles, 18 de septiembre de 2013

“CRISIS POLICIAL: OTRO PASO EN FALSO DE UN DE LA SOTA DESORIENTADO”

El Legislador socialista Roberto Birri expresó que “es lamentable el alto grado de improvisación con el que el gobernador José Manuel De la Sota está enfrentando esta crisis policial que se ha transformado sin dudas en escándalo institucional”.

Y agregó que “una muestra de ello es que el oficialismo ha dado marcha atrás en el tratamiento de un proyecto que hace pocos días se presentaba con bombos y platillos como si se tratara de un cambio importante”, en referencia al proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo para que el nuevo Director General de Drogas Peligrosas sea designado con el acuerdo de la Legislatura que iba a ser tratado hoy en el recinto pero a última hora el Gobernador pidió que se retire.


Birri dijo que “sin duda este proyecto era fruto de la improvisación, no era suficiente para generar cambios de fondo como los que se necesitan, pero lo que nos preocupa aún más es que las idas y vueltas del gobierno son una clara muestra de que los funcionarios están desorientados y apuestan a medidas aisladas, efectistas, en lugar de convocar a un debate serio y profundo sobre las causas de la crisis y que apunte a generar cambios profundos en la organización de la policía y en las políticas de seguridad en general”.