miércoles, 18 de septiembre de 2013

Conferencia-Debate: El Agua. Derecho Humano Fundamental




En la tarde de ayer, 17 de septiembre, se llevó a cabo en la sala Regino Maders, de la Legislatura de Córdoba, la conferencia  debate “El Agua: derecho humano fundamental”, iniciativa organizada por el legislador socialista Roberto Birri, de la que participaron científicos, abogados y ciudadanos quienes problematizaron sobre la cuestión, luego que el legislador firmara semanas atrás el Proyecto de Ley para crear la Reserva Hídrica, Cultural y Recreativa Chavascate, a iniciativa de los vecinos de Agua de Oro, Cerro Azul y El Manzano, localidades de Sierras Chicas, en promoción de la preservación y cuidado del río Chavascate, único abastecedor de agua de la zona referida.

A sala colmada, la conferencia se extendió durante tres horas. Fue el biólogo e integrante del Foro Ambiental de Córdoba, Dr. Diego Gurvich, quien abrió la disertación exponiendo una primera mirada científica al asunto. “El 35% del planeta está cultivado. El 3% son urbanizaciones. Y más del 50% de los habitantes, vive en ciudades”, expuso a modo inicial...... (sigue) 

Luego localizó la cuestión en Córdoba al sostener que casi toda el agua consumida por los cordobeses proviene de las Sierras, último reservorio natural de nuestra provincia. Propuso a modo de cierre un Plan de Ordenamiento Territorial, concientizar acerca del uso del agua, proteger la vegetación nativa y ampliar las reservas hídricas.

Siguiendo el recorrido científico, tomó la palabra el Dr. Marcelo Cabido, quien trabajó el tema metafóricamente. La referencia a “cuatro batallas”, presentadas como hitos pasados y presentes, sirvieron para argumentar sus intenciones. La primera batalla “perdida” fue la Ley de Bosques de Córdoba, a la que llamó “ley de desmonte”, por no respetar los principios mínimos que establece la Ley Bonasso, sancionada en el 2007 por el Congreso de la Nación, que regula la expansión de la frontera agropecuaria mediante el ordenamiento territorial de las áreas boscosas vigentes; la segunda fue la derrota en relación a la permisión a la Corporación América, de Eduardo Eurnekian, de realizar obras de urbanización en el predio militar ex Batallón 141, unas 20 hectáreas de espacios verdes que se perderán en Córdoba capital. La tercera batalla fue la de El Terrón de Mendiolaza, a la que consideró en desarrollo y en la que mediante un amparo ambiental, ejecutado por primera vez en Córdoba, se logró frenar un desarrollo urbanístico que pretendía explotar 280 hectáreas para construir, no solo cinco barrios en un countrie, sino una cancha de golf. La cuarta y final batalla, fue la triste referencia a los últimos incendios de Córdoba.

El dato aparece elocuente, Córdoba tiene casi 1.200 hectáreas de espacios verdes, con un promedio de 8,9 metros cuadrados de espacios verdes por habitante, casi un 50 por ciento por debajo de los 15 metros cuadrados por habitante que la Organización Mundial de la Salud fija como óptimos. Si comparamos algunos barrios cerrados como Las Delicias, que posee 720 metros cuadrados por habitante, o Jardín Hipódromo, con 59, en contraposición con Jardín Espinosa o Juniors, que no llegan a un metro, la situación evidencia desidia y falta de planificación por parte del Estado. 
 La siguiente alocución nos invitó abordar la cuestión desde el punto de vista jurídico, cuando la abogada Andrea Herrera de Olazábal presentara la crónica que derivara en el ya mencionado primer amparo ambiental. “En el 2010, la ONU declara al acceso al agua potable y al saneamiento como derecho vinculante. El agua es así un derecho humano. Naciones Unidas establece que se requieren entre 50 y 100 litros de agua de consumo por habitante para cubrir las necesidades básicas. En Córdoba duplicamos este consumo”, informó al auditorio. En relación a los ciudadanos que confían vivir en desarrollos urbanos cerrados en zonas de escases de agua, como Mendiolaza, alertó que son futuros juicios hacia el Estado, pues al no tener agua no podrán vivir, pero es el Estado autorizante el responsable de permitir que eso suceda, sentenció.

El biólogo José Toledo fue el responsable de llevar a cabo la evaluación de impacto ecológico a pedido de la localidad de Agua de Oro, en relación al proyecto Villa Candonga, emprendimiento que pone en riesgo el futuro del rio Chavascate. En tal sentido los números hablan solos: 633 impactos negativos permanentes y 70 impactos negativos temporales enmarcaron su estudio; apenas unos 14 impactos positivos reflejan una investigación que atestigua los riesgos de priorizar el desarrollo del capital, por sobre el cuidado del ambiente sustentable.

La participación ciudadana también tuvo su espacio en la disertación. Promotores del Proyecto de Ley de la Reserva del Chavascate expusieron; referimos al ingeniero Atilio Palacios y al lugareño Carlos Guillot. Sus miradas no fueron matizadas por términos técnicos, pero sí por una sensibilidad  digna de levantar nuevas y más voces. “Somos vecinos que buscamos un cambio cultural, para que podamos decidir cómo queremos vivir”. Guillot prosiguió informando de qué manera concientizan a los vecinos en relación al uso del agua: “En un año el consumo promedio bajó de 16 metros cúbicos mensuales a 10”, en clara alusión que con educación se puede transformar una realidad de la que el Estado no sólo está ausente, sino que es cómplice por mantener una connivencia con el empresariado desarrollista, denotando la prioridad economicista, en detrimento del ambiente.

Finalmente el Presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), Raúl Montenegro, cerró la conferencia. Con palabras críticas hacia la dirigencia política a la que tildó “de segunda”, y enmarcando el problema en la hipótesis de “acumulación”: de desmonte, del uso de plaguicidas químicos, del desarrollo de plantas transgénicas y de las 276 hectáreas por día que se queman en la provincia de Córdoba; cerró su diagnóstico considerando que estos elementos afectan la biodiversidad. “Acá mata la tibieza académica y las topadoras de procedencia dudosa”, espetó el biólogo ambientalista, autor del proyecto de Ley del ambiente de Córdoba en 1985 (ley 7343) que estableció como obligatorias la evaluación previa de impacto ambiental (EIA). 

Las preguntas terminaron de completar un espacio de reflexión en torno al cuidado del ambiente. El agua es vida, y como tal, indefectiblemente debe ser un derecho humano. Córdoba debe repensar su actual modelo productivo dependiente de la soja, que no solo ha exacerbado un proceso de desertificación que la degrada ecológicamente, sino que termina siendo funcional a los malos usos y abusos que se le está dando al agua. Vivimos una crisis hídrica, pero por sobre todo padecemos las decisiones de un Estado que privilegia el bienestar de unos pocos que apuestan a desarrollos inmobiliarios, desoyendo el reclamo de una amplia porción que cada vez grita más fuerte.


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