En la tarde de ayer, 17 de septiembre, se llevó
a cabo en la sala Regino Maders, de la Legislatura de Córdoba, la
conferencia debate “El Agua: derecho
humano fundamental”, iniciativa organizada por el legislador socialista Roberto
Birri, de la que participaron científicos, abogados y ciudadanos quienes
problematizaron sobre la cuestión, luego que el legislador firmara semanas
atrás el Proyecto de Ley para crear la Reserva Hídrica, Cultural y Recreativa
Chavascate, a iniciativa de los vecinos de Agua de Oro, Cerro Azul y El
Manzano, localidades de Sierras Chicas, en promoción de la preservación y
cuidado del río Chavascate, único abastecedor de agua de la zona referida.
A sala colmada, la conferencia se extendió
durante tres horas. Fue el biólogo e integrante del Foro Ambiental de Córdoba,
Dr. Diego Gurvich, quien abrió la disertación exponiendo una primera mirada
científica al asunto. “El 35% del planeta
está cultivado. El 3% son urbanizaciones. Y más del 50% de los habitantes, vive
en ciudades”, expuso a modo inicial...... (sigue)
Luego localizó la cuestión en Córdoba
al sostener que casi toda el agua consumida por los cordobeses proviene de las
Sierras, último reservorio natural de nuestra provincia. Propuso a modo de
cierre un Plan de Ordenamiento Territorial, concientizar acerca del uso del
agua, proteger la vegetación nativa y ampliar las reservas hídricas.
Siguiendo el recorrido científico, tomó la
palabra el Dr. Marcelo Cabido, quien trabajó el tema metafóricamente. La
referencia a “cuatro batallas”, presentadas como hitos pasados y presentes,
sirvieron para argumentar sus intenciones. La primera batalla “perdida” fue la Ley
de Bosques de Córdoba, a la que llamó “ley de desmonte”, por no respetar los
principios mínimos que establece la Ley Bonasso, sancionada en el 2007 por el
Congreso de la Nación, que regula la expansión de la frontera agropecuaria
mediante el ordenamiento territorial de las áreas boscosas vigentes; la segunda
fue la derrota en relación a la permisión a la Corporación América, de Eduardo
Eurnekian, de realizar obras de urbanización en el predio militar ex Batallón
141, unas 20 hectáreas de espacios verdes que se perderán en Córdoba capital.
La tercera batalla fue la de El Terrón de Mendiolaza, a la que consideró en
desarrollo y en la que mediante un amparo ambiental, ejecutado por primera vez
en Córdoba, se logró frenar un desarrollo urbanístico que pretendía explotar
280 hectáreas para construir, no solo cinco barrios en un countrie, sino una
cancha de golf. La cuarta y final batalla, fue la triste referencia a los
últimos incendios de Córdoba.
El dato aparece elocuente, Córdoba tiene casi 1.200 hectáreas de
espacios verdes, con un promedio de 8,9 metros cuadrados de espacios verdes por
habitante, casi un 50 por ciento por debajo de los 15 metros cuadrados por
habitante que la Organización Mundial de la Salud fija como óptimos. Si
comparamos algunos barrios cerrados como Las Delicias, que posee 720 metros
cuadrados por habitante, o Jardín Hipódromo, con 59, en contraposición con
Jardín Espinosa o Juniors, que no llegan a un metro, la situación evidencia
desidia y falta de planificación por parte del Estado.
La
siguiente alocución nos invitó abordar la cuestión desde el punto de vista
jurídico, cuando la abogada Andrea Herrera de Olazábal presentara la crónica
que derivara en el ya mencionado primer amparo ambiental. “En el 2010, la ONU declara al acceso al agua potable y al saneamiento
como derecho vinculante. El agua es así un derecho humano. Naciones Unidas
establece que se requieren entre 50 y 100 litros de agua de consumo por
habitante para cubrir las necesidades básicas. En Córdoba duplicamos este
consumo”, informó al auditorio. En relación a los ciudadanos que confían
vivir en desarrollos urbanos cerrados en zonas de escases de agua, como
Mendiolaza, alertó que son futuros juicios hacia el Estado, pues al no tener
agua no podrán vivir, pero es el Estado autorizante el responsable de permitir
que eso suceda, sentenció.
El biólogo José Toledo fue el responsable de
llevar a cabo la evaluación de impacto ecológico a pedido de la localidad de
Agua de Oro, en relación al proyecto Villa Candonga, emprendimiento que pone en
riesgo el futuro del rio Chavascate. En tal sentido los números hablan solos:
633 impactos negativos permanentes y 70 impactos negativos temporales
enmarcaron su estudio; apenas unos 14 impactos positivos reflejan una
investigación que atestigua los riesgos de priorizar el desarrollo del capital,
por sobre el cuidado del ambiente sustentable.
La participación ciudadana también tuvo su
espacio en la disertación. Promotores del Proyecto de Ley de la Reserva del
Chavascate expusieron; referimos al ingeniero Atilio Palacios y al lugareño
Carlos Guillot. Sus miradas no fueron matizadas por términos técnicos, pero sí por
una sensibilidad digna de levantar
nuevas y más voces. “Somos vecinos que
buscamos un cambio cultural, para que podamos decidir cómo queremos vivir”.
Guillot prosiguió informando de qué manera concientizan a los vecinos en
relación al uso del agua: “En un año el
consumo promedio bajó de 16 metros cúbicos mensuales a 10”, en clara
alusión que con educación se puede transformar una realidad de la que el Estado
no sólo está ausente, sino que es cómplice por mantener una connivencia con el
empresariado desarrollista, denotando la prioridad economicista, en detrimento
del ambiente.
Finalmente el Presidente de la Fundación para
la Defensa del Ambiente (FUNAM), Raúl Montenegro, cerró la conferencia. Con
palabras críticas hacia la dirigencia política a la que tildó “de segunda”, y
enmarcando el problema en la hipótesis de “acumulación”: de desmonte, del uso
de plaguicidas químicos, del desarrollo de plantas transgénicas y de las 276
hectáreas por día que se queman en la provincia de Córdoba; cerró su
diagnóstico considerando que estos elementos afectan la biodiversidad. “Acá mata la tibieza académica y las
topadoras de procedencia dudosa”, espetó el biólogo ambientalista, autor
del proyecto de Ley del ambiente de Córdoba en 1985 (ley 7343) que estableció
como obligatorias la evaluación previa de impacto ambiental (EIA).
Las preguntas terminaron de completar un
espacio de reflexión en torno al cuidado del ambiente. El agua es vida, y como
tal, indefectiblemente debe ser un derecho humano. Córdoba debe repensar su
actual modelo productivo dependiente de la soja, que no solo ha exacerbado un
proceso de desertificación que la degrada ecológicamente, sino que termina
siendo funcional a los malos usos y abusos que se le está dando al agua.
Vivimos una crisis hídrica, pero por sobre todo padecemos las decisiones de un
Estado que privilegia el bienestar de unos pocos que apuestan a desarrollos
inmobiliarios, desoyendo el reclamo de una amplia porción que cada vez grita
más fuerte.
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